Especial de investigación

Arsénico en el agua, una problemática común en muchas ciudades argentinas

El agua es vital para el cuerpo humano pero, desde hace muchos años, en varias ciudades como Carlos Casares y Pehuajó, entre otras, sale totalmente contaminada por arsénico, un elemento químico altamente tóxico.

Por: Tomás Aronna San Martín

Agua. Algo esencial que todos necesitamos para el desarrollo de nuestras vidas. Sin ella ningún ser humano podría subsistir. En algunos lugares de nuestro país el agua se encuentra contaminada por arsénico, un elemento químico perteneciente a la familia de los semimetales o metaloides, considerado extremadamente tóxico. Su consumo puede producir diferentes enfermedades como diabetes, cáncer de pulmón o de piel entre otros, dermatitis, erupciones, trastornos gastrointestinales y anemia, entre tantos otros perjuicios.

La presencia de este considerado veneno en las napas de agua en Argentina surge como producto de la actividad volcánica que se registró en los Andes durante el período conocido como Cuaternario. En él, las cenizas volcánicas se desparramaron por el territorio y se fueron drenando hacia el océano Atlántico, depositándose así en yacimientos de agua subterráneos.

En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS), cambió el nivel permitido de arsénico en el agua de 0,05 a 0,01 microgramos por litro. En Argentina esta norma empieza tomar incidencia a partir de 2005. En 2007 se le dio una prórroga a las ciudades argentinas que tuvieran niveles de arsénico muy altos, para que pudieran hacer estudios que midan la gravedad del problema y así pudieran bajarlos al nivel que la OMS había establecido. Cuando ese plazo venció, al país se le dio otra prórroga por otros 5 años, la cual venció el año pasado y por el que todavía no hay respuesta alguna. Actualmente en la provincia de Buenos Aires los niveles de arsénico están entre los 50 y los 100 mcg/litro; e incluso en municipios como Lobos y Chivilcoy, estos valores son aún mayores a los 100 mcg/litro.

En la actualidad, se calcula que aproximadamente 4 millones de argentinos, es decir uno de cada diez habitantes, vive en zonas cuya agua está contaminada por arsénico. A nivel nacional, las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Santa Fe, San Luís, Mendoza, La Pampa y 31 localidades bonaerenses, sufren de este problema. Entre ellas se encuentran localidades como Pehuajó, Chivilcoy, Lobos, 9 de Julio, Carlos Casares, Moreno, entre otros. Con estas cifras Argentina es uno de los 12 países que más contaminado tiene su suelo con arsénico.

Puntualmente el caso de Carlos Casares es uno de los más famosos, ya que en 2004 una docente de secundaria fue la que llevó adelante una investigación junto a sus alumnos. Su nombre es Lidia Iluminatti y ella fue quien descubrió los altos niveles de arsénico que se encontraban en el agua de la ciudad: “Los estudiantes vieron mucha gente con trípode, bastón o lesionada. Pensamos que el denominador común podía ser el agua. Tomamos una muestra y la enviamos a de 9 de Julio para analizar. Cuando llegó el resultado, casi nos morimos. El intendente y ABSA ya sabían todo”, comentó Iluminatti. Otra realidad es que el último estudio colaborativo importante que realizó en Argentina fue en el año 2006, impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación en conjunto con su Comisión Nacional de Programas de Investigación Sanitaria (CONAPRIS), la Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental (UnIDA) Y las Asociación Toxicológica Argentina. De estas tres entidades sólo la última sigue en pie y a partir de 2007 el Ministerio de Salud, empezó a darle más importancia a realizar estudios dentro del área de la genética, bioética y salud mental.

Pese a los múltiples reclamos y quejas de los vecinos. Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), ente encargado de la distribución del agua en 79 localidades de la Provincia de Buenos Aires, prácticamente no ha tomado medidas para solucionar el tema. Esto demuestra una falta de presencia por parte del Estado desde hace ya muchos años, debido a que este problema viene sucediendo desde la década del 90. Dicho desinterés podría tratarse por el presunto desfalco que la institución sufrió durante el período en el que el ex candidato a presidente por el Frente Para La Victoria, Daniel Scioli, era gobernador de la provincia de Buenos Aires. En ese momento el presidente del ente era Guillermo Scarcella. El desfalco de ABSA se dio de distintas formas, una de ellas fue un contrato con una empresa israelí llamada Mekorot, la cual tenía como interés construir una planta de potabilización. Pero esta firma acusada por Amnistía Internacional por graves irregularidades en el manejo del vital recurso en Medio Oriente, donde un litro de agua es tan o más importante que un litro de petróleo; y existían motivos para pensar que la intención de la empresa era llevarse agua de la provincia.

Según la denuncia de la diputada Elisa Carrió, Scarcella y Scioli eran socios mucho antes que este asumiera como presidente de ABSA. Además, sostiene que el ex gobernador lo tenía no solo como una especie de porta nombres, sino también lo utilizaba como nexo para llegar a los distintos contactos que Scarcella tenía, como por ejemplo su relación con el estudio de Leonardo Bergrot, el cual tiempo después se supo que estaba relacionado con la Secretaría de Inteligencia, además de que servía como vínculo entre el ex diputado Diego Bossio y el sciolismo, debido a la gran amistad que tenían entre ellos. También se logró vincular a Scioli y Scarcella por la gran cantidad de tierras que tenían en común en la ciudad de Tandil, pero que el ex gobernador negaba tener. Finalmente se logró comprobar que este tenía más 11.500 hectáreas de campo fértil.

En abril de 2015 la Suprema Corte de Justicia bonaerense le negó al gobierno de Scioli trasladar al ámbito nacional la controversia por el tarifazo que la empresa impuso en el año 2012 y así anuló el aumento en las boletas y también ordenó devolver en futuras facturaciones las sumas que los usuarios abonaron. Es así que se calcula que ABSA, tenía que devolver entre 1500 y 3000 pesos por persona.

Marcelo Salinas también aparece dentro de esta investigación, aunque desde un punto de vista mediático si se quiere, ya que estaba casado con la vedette María Eugenia Ritó, de la cual se divorció tiempo después. Mientras esto estaba sucediendo, ya se conocía el colapso de ABSA por la terrible falta de inversión que estaba sufriendo, pero Ritó reveló el millonario patrimonio de Salinas, a quien en el divorcio le reclamó un barco en Punta del Este, un departamento en la misma ciudad, otro en Miami y tres en Buenos Aires; además, tres autos de alta gama y también contó que Salinas le habría ofrecido un acuerdo por 850 mil dólares, para que esta se quedara callada, aunque Rito, conociendo la cantidad de dinero que tenía no acepto. Tras la asunción de Cambiemos en el gobierno, Raffaele Sardella -un hombre muy cercano al presidente Mauricio Macri desde sus inicios en la política y ex trabajador de las empresas Socma y Sideco, del grupo Macri- asumió el puesto de presidente de Aguas Bonaerenses.

ABSA es la empresa encargada de hacer las obras correspondientes para que los niveles de arsénico en el agua bajen; también de realizar censos y estudios correspondientes en los distritos. Una de las medidas que tomó la empresa para solucionar esto fue la instalación de una planta de abatimiento en la localidad de Carlos Casares, la cual se encarga de reducir los niveles de arsénico en el agua. Esta planta potabiliza el agua que luego se distribuye hacia Pehuajó y 9 de Julio.

Los vecinos de los distintos municipios afectados no sólo denuncian que prácticamente no se realizan obras para resolver estos problemas, sino que a veces los empeoran. En junio de 2017 la planta de abatimiento registró un exceso de cloro en el agua. “Nos tiraron 3 mil litros de cloro en un rato”, expresó Pedro Mayola, farmacéutico e integrante de la Comisión Fiscalizadora de la Calidad del Agua; y agregó que “la idea la planta es muy buena, pero la hizo ABSA y está muy mal hecha. No hay un jefe de la planta o sea está acéfala. Nosotros tuvimos que seguir haciendo análisis y encontramos otros problemas, como problemas en las cloacas y mal manejo de los desperdicios”.

Carlos Casares no cuenta con un sistema de cloacas, lo que provoca que los desechos de la planta desemboquen en la tierra, generando así cloacas a cielo abierto y contaminando el suelo. Mayola cree que este problema tiene una solución momentánea, que ABSA contrate una empresa de residuos para que se lleve y trate debidamente los de desechos que se encuentran en las calles, pero Aguas Bonaerenses tampoco hace eso.

En 2014, el programa Caiga Quien Caiga (CQC) fue hasta Pehuajó e hizo un informe para difundir el problema de arsénico que tiene la ciudad. Los ciudadanos se acercaron para contar como este veneno afecta sus vidas diarias y qué enfermedades les produce: "Tengo una neuropatía que me está quitando la movilidad día a día", relató una vecina de Pehuajó, que a la fecha tiene 53 años. "Estoy esperando la muerte sentada", sentenció. Como esta mujer hay otros cientos de casos que sufren de enfermedades debido a tener sus cuerpos contaminados con arsénico.

¿Qué soluciones momentáneas encontraron los vecinos para este problema? Según un informe publicado por Mayola en 2016 existen cinco tipos de familia: las familias tipo “A”, tipo “B”, tipo “C”, tipo “D” y tipo “E”. Las familias tipo “A” son las que encontraron la solución más efectiva: comprar una bomba de agua, hacer un pozo y analizar el agua al menos una vez cada seis meses. Las tipo “B” instalan una cisterna para que se llene durante la noche y luego mediante una bomba impulsar el agua hasta el tanque para poder disponer del vital elemento durante el día, debido a la falta de inversión para modernizar la red de agua, que debería darle a cada vecino una presión de por lo menos 10 metros, según lo estipulado. Además, tanto este tipo de familia como el tipo “A”, deben pagar un costo muy elevado de energía, por lo que consumen las bombas y las cisternas, además de los servicios de agua brindados por ABSA.

Por otro lado, el tipo de familia “C”, sufre los derrames sucesivos de las cloacas en la vía público -en 2014, la Comisión de Control de Calidad del agua detectó 23 de ellos-. Ya que ABSA no brinda una solución permanente, tuvieron que tomar la decisión de mudarse a otros barrios, que con suerte no contará con este problema. Según el informe, los que decidieron permanecer en sus hogares nunca abren ni las puertas, ni las ventanas, para que el olor no ingrese a sus viviendas. Los dueños de locales comerciales también se encuentran dentro de los afectados y deben disculparse con sus clientes por el hedor dentro de sus establecimientos. Las familias tipo “D” son las que no se preocupan acerca de los perjuicios que el agua contaminada con arsénico les puede causar, ya que beben, se bañan, lavan los platos y cocinan con esa agua. Además, la falta de preocupación de estas familias se evidencia en que tampoco nunca hacen reclamos, para quejarse por la calidad del agua que hay en sus casas.

El último tipo de familia es la de clase “E”. Estos son los que gastan mucho dinero comprando entre tres y cuatro bidones de agua a la semana, como un intento por intentar disminuir los males que el agua de ABSA provoca en sus cuerpos. El informe también arroja el dato de que muchas de estas familias pagan el servicio, pero hay muchas otras que no. Las que no lo hacen figuran como deudores ante entes públicos y privados; y si por ejemplo quisieran vender sus viviendas no podrían debido a estas deudas.

Lo que Mayola intenta demostrar es el fallido funcionamiento de ABSA en este partido, que no solo modifica las vidas de sus habitantes, sino que también perjudica al medio ambiente debido a que el producto tóxico que excreta la planta de abatimiento tiene un previo paso por cloacas y luego va a parar a lagunas a cielo abierto del partido de 9 de Julio.

Hay Acueductos viejos, pinchados, rotos por raíces, que permanecen así por años y que se reparan muy lentamente, pérdidas en las calles que los vecinos denuncian y que no se arreglan por meses, drenajes en la ciudad que tiran miles de metros cúbicos de agua (supuestamente potable) para limpiar el color rojo que le da al agua la presencia de sales de hierro que se agregan en la planta pero que no deberían pasar por las canillas, medidores obsoletos, que a la hora de pedir que los cambien no hay, aunque los ciudadanos paguen en cada factura por el mantenimiento y reposición de los mismos. Además de los reclamos telefónico, que nunca tienen otra respuesta que no sea un número de reclamo y una promesa de que el problema tendrá solución, entre 48 y 72 horas, pero por supuesto esa solución nunca llega. “Hace más de 30 años que reclamamos, estamos cada vez peor ya que no tenemos agua y la poca que sale viene con arsénico. La solución real es que se hagan las obras, parece que no entienden que la gente se está muriendo por esto”, expresó Olga Barbas, vecina de Pehuajó y ex integrante de la Comisión de Seguridad de la Calidad de Agua y Cloacas, que además agregó que las facturas llegan pero ellos siguen sin agua.

“ABSA tiene un gran blindaje periodístico y también de los políticos y por esto no se la toca”, sentenció Mayola. La prueba de esto se encuentra en los medios. Las únicas publicaciones que hacen eco de esta problemática son diarios o radios locales en su mayoría, a pesar de algunas notas en medios hegemónicos. Mayola denuncia un encubrimiento por parte de los políticos, lo que puede notarse en la curiosa falta de información que hay en las páginas de los municipios y localidades afectadas. Al buscar datos acerca de este inconveniente son escasas las respuestas que brindan los buscadores. “Después de varios años gestión, parece que el intendente -Pablo Javier Zurro- reconoce el problema. Quizás le debe estar pasando a él también. Durante muchos años decía que el problema era del color y cuando le preguntaban si había gente enferma por el arsénico decía que era mentira”, manifestó Barbas.

Pablo Javier Zurro milita en el peronismo desde 1975. En 2005 fue elegido como concejal de Pehuajó con el 39% de los votos. Así es como en 2007 fue elegido como intendente y reelegido en 2011. Actualmente se encuentra en su tercer período de gestión. En el informe de CQC, el periodista Gonzalo Rodríguez lo entrevista y el mismo Zurro le manifestó: “Hace treinta años que no se hacía nada, hasta que llegamos nosotros al Gobierno, hace siete años. El problema existe y por suerte lo estamos solucionando. Es una obra que se termina a fines de septiembre”. Además, había expresado que para él los niveles de arsénico en la ciudad estaban bien, aunque las medidas de la ciudad eran de 0,03 mg/l, cuando el código alimentario dice que lo máximo permitido es de 0,01 mg/l. La excusa de Zurro era que hasta 0,05 mg/l se permitía y también indicó que el código es discutible.

¿Y qué tipo de rol toma el municipio con los enfermos por hidroarsenicismo? El intendente en varias entrevistas y en el informe de CQC responde a esta pregunta: se los deriva al sistema de salud público, pero sólo si van al municipio y se lo manifiestan allí. Aunque la gran mayoría de los habitantes desconocían esta iniciativa por parte del municipio y por ese motivo, los vecinos se realizaron estudios en clínicas privadas o en el extranjero, a los cuales el intendente Zurro negó su validez y expresó que el arsénico no sólo se encontraba en el agua. El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo y en Pehuajó los responsables no lo hacen. “La patología más frecuente es el hidroarsenicismo crónico regional endémico, pero Pehuajó no lo tiene. Hemos tenido algunos pacientes con arsénico alto o con alguna problemática relacionada, pero no hidroarsenicismo crónico regional endémico”, fue lo que expresó el secretario de salud del municipio de Pehuajó, José María Pichetto. Lo que contradice el informe del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, el cual claramente estima que las áreas arsenicales identificadas sumarían en todo el país 435.000 km2 y que a población afectada llegaría a 2,5 millones de personas; y teniendo en cuenta que la zona en la se encuentra Pehuajó es de las más afectadas por este veneno, las declaraciones de Pichetto claramente prestan a sospechas.

Existen organizaciones que se encargan de tratar este tema, como la Fundación Alimentaris. Lamentablemente no pudimos comunicarnos con ellos pero accedimos a la información que tienen en su página de internet, en la cual especifican los trabajos que hacen para solucionarlo. Entre ellos se encuentran el intento de desarrollar un proyecto de identificación de materiales y dispositivos de filtración capaces de brindar agua segura para el consumo de las familias de zonas rurales marginadas afectadas por altas concentraciones de arsénico en aguas de acuífero. Hasta el momento, la investigación dio como resultado que los materiales IIT Madras y GHE 102 se lograron filtrar hasta 1500 y 1800 volúmenes de lecho bajando la concentración de arsénico de 0,495 mg/L a 0,005mg/L, por debajo del límite establecido, aunque En el caso de aguas con altas concentraciones de arsénico (superior a 1,200mg/l), el tratamiento con los materiales no es aconsejable dado que no baja al límite aconsejado de 10 ug/L para agua de consumo humano.

Múltiples quejas se han llevado a la justicia en contra de Aguas Bonaerenses, aunque pocas prosperaron. En octubre de 2011, la Cámara Contencioso Administrativo de la Plata ordenó a ABSA a repartir bidones de agua potable conforme los valores guías de la OMS en los domicilios de 2641 amparistas y vecinos de la localidad de 9 de Julio. La empresa presentó una queja frente a la Corte Suprema de La Nación que, en 2014, fue desestimada por la Procuración General de la Nación, ya que las pruebas realizadas para el caso revelaron que el agua no sólo no era potable, sino que contenía 0,17 mg/l de arsénico. 17 veces más de lo permitido. Pero este no fue el único fallo en contra de la empresa, en 2014, un fallo de la Corte Suprema declaró la nulidad del decreto que estableció un aumento del 180 por ciento en las tarifas de agua realizadas por Aguas Bonaerenses en 2012, sin la realización de la audiencia pública correspondiente. Este dictamen sentenció que la empresa debía devolver 1800 millones de pesos que había recolectado de este incremento tarifario. “Durante la época de Scioli no se hizo nunca la audiencia pública y el juez Arias, de La Plata, había dispuesto que ABSA debía devolver 1.800 millones de pesos a los usuarios y esto no ocurrió ni con Scioli, ni con Vidal, que se jacta de que las cuestiones judiciales hay que cumplirlas”, expresó el Mayola.

Otro caso es el de un anciano de 84 de la localidad de Los Hornos, que denunció en 2012 la falta total de agua y en otras ocasiones por falta de presión. Frente a la falta de respuestas, el anciano recurrió a reclamar al Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA), a Defensoría del Pueblo y a la Dirección de Defensa del Consumidor municipal. Aguas Bonaerenses fue multada por 500 mil pesos por el Juzgado de Faltas Nº 2 de La Plata por incumplir con las normas de defensa del consumidor. Fueron tenidas en cuenta como agravantes el carácter de “derecho humano” del agua potable y la condición de “adulto mayor” del denunciante. Pero la corte falló a favor del anciano recién dos años después de que este realizó la denuncia.

Pero a pesar del pésimo servicio que ABSA les brinda a los habitantes de Pehuajó y de otras partes de la provincia, no se detienen a lo hora de aumentar el servicio. En febrero de este año se llevó a cabo una audiencia no vinculante para aumentar en un 40 por ciento las tarifas de agua. A la asamblea asistieron un grupo de concejales y el diputado Avelino Zurro, quien es oriundo de la ciudad y además sobrino del actual intendente. Allí cada uno emitió su postura y pusieron en tema a los directivos de ABSA acerca de la situación que se vive Pehuajó. “No podemos salir del contexto, en el que se da este aumento de agua, que es una decisión política sobre qué sectores tienen privilegio. Es un problema en la provincia de más de 30 años con diferentes, con diferentes sectores políticos, pero en los últimos 8 años, los pehuajenses subsidiaron a través del municipio y el gobierno nacional, a la empresa ABSA. Se hizo un recambio en Pehuajó de 15 mil metros de cañería, tres conectores cloacales, se realizó una red secundaria para cloacas. Hoy, no tenemos agua ni planta de tratamiento para cloacas. ABSA tiene solo 19 empleados, 6 de ellos son de la cuadrilla de mantenimiento que hacen los que pueden", manifestó Zurro. Y agregó: "recibimos menos de la mitad del agua para abastecer la ciudad. Tenemos que recibir 600 mil metros cúbicos por hora y recibimos menos de 300. Somos el último eslabón del acueducto, y ni nos permiten saber que agua recibimos. Tienen que empezar a hacerse cargo. Yo fui bastante crítico de la gestión de ABSA del gobierno anterior, y les seguimos pidiendo soluciones".

Luego continuó su discurso hablándole directamente al presidente de la empresa, Raffaele Sardella, al que le expresó que frenara inmediatamente el aumento, ya que los pehuajenses no tienen agua y ABSA tampoco se las da. También lo invitó irónicamente a Pehuajó para que vea la estafa que le hacen a la gente con el precio y la calidad del agua. En la misma audiencia también expuso la concejal radical de Cambiemos, Adriana Pérez: “En Pehuajó hace más de siete años que no llega el agua potable. Por eso estamos acá. Nosotros somos pehuajenses y siempre hemos reclamado las faltantes. En la actualidad, no funciona la planta cloacal. Nuestra ciudad tiene un estado de olor nauseabundo en donde se mire”. Por su parte la empresa culpó a la gestión anterior, ya que expresaron que se encontraron con una empresa destruida y que en 2015 solo registró pérdidas, para así poder justificar el aumento de tarifas.

En 2014, poco después de que se televisara el informe de Caiga Quien Caiga, el intendente le dio una entrevista a un medio local, en el que anunció una obra de 100 millones de pesos, que luego se dio a conocer que era por un monto de 120 millones. En ese momento (pleno gobierno kirchnerista), Zurro daba como fecha límite septiembre de ese año, incluso decía que si es obra no funcionaba, él mismo iría buscar agua potable a otros lugares para llevársela a su pueblo. A fines del primer año de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia, Zurro volvió a ser consultado por esta misma obra, pero esta vez culpó a la gobernadora, por no haber entregado el acueducto, obra que había sido iniciada casi dos años antes. Aunque según el mismo intendente, se había peleado con el ministro de obras de Daniel Scioli por este tema. La misma concejal Pérez dio a conocer este dato en la audiencia de ABSA de este año: “Pagamos 120 millones para enterrar un acueducto, que supuestamente nos iba dar más cantidad de agua y jamás se pudo usar. Espero que las autoridades correspondientes tomen nota. Seguimos con el acueducto viejo, porque ahora tenemos un acueducto de 120 millones enterrado, que no se usa”. En julio de 2015, el entonces presidente de la Unión Cívica Radical de Pehuajó (UCR-Pehuajó), Jorge Hansen, denunció en una nota publicada en la página de internet Radio Mágica de Pehuajó (AM 99.5) que el acueducto que supuestamente debía estar terminado para septiembre de 2014, y luego aplazado para fines de diciembre del mismo año, aún no estaba finalizada. “Se ha gastado demasiado dinero en una obra que no sirve, el agua no alcanza, la Planta de Abatimiento no está preparada para abastecer a Carlos Casares y Pehuajó. Se gastaron más cien millones y no tenemos agua”, expresa Hansen en el artículo.

En conclusión, el servicio que brinda Aguas Bonaerenses en la provincia de Buenos Aires provoca que los habitantes de múltiples localidades sufran de enfermedades y dolores entre otros perjuicios a la salud. La empresa no sólo no realiza obras de infraestructura para cambiar esta realidad que viven los vecinos, sino que aumenta los valores de las tarifas, casi como burlándose de quienes les pagan rigurosamente todos los meses. Aunque probablemente lo más indignante de todo debe ser la no respuesta y para los que viven en estos lugares escuchar por parte de sus gobernantes que el problema no existe, tal y como sostuvo el intendente de Pehuajó durante años, mientras van al médico y reciben la terrible noticia de que están enfermos y no pueden curarse. Además del encubrimiento por parte de todo el mundo, excepto los vecinos. Porque, por un lado, ABSA sigue generando dinero y enriqueciéndose; mientras que por el otro los políticos siguen en el poder, firmes en sus cargos, demostrando preocupación, por sus gobernados quienes quedan en el medio, abandonados, sin certezas de que todo o al menos algo va a mejorar. Y tanto los que leen las noticias, ya sean de estas ciudades o no, tampoco saben muy bien qué está pasando, quiénes son los responsables o a quien creerle. Pero está claro que quienes lo sufren son los que realmente buscan una solución, aunque sea momentánea. “Es todo un abuso, un abuso de mala calidad, abuso con la tarifa, es abuso, abuso y abuso y la gente está acobardada. Nos ocultan la cantidad de arsénico que hay en el agua. ABSA nunca da la cara la tenemos que dar siempre nosotros”, sentenció Mayola.